Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) arremetieron contra periodistas a quienes acusaron de adelantar una “guerra sucia” que, según ellos, pone en riesgo el proceso de paz que adelantan con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El señalamiento llega en medio del escándalo por la presunta infiltración de la estructura de alias Calarcá en organismos estatales, un caso que ya es investigado por la Procuraduría, Fiscalía, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo.
El pronunciamiento se conoció días después de que la Procuraduría anunciara la suspensión provisional del brigadier general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, tras revelaciones de Noticias Caracol sobre supuestos vínculos de ambos con el EMC. La decisión se basó en el análisis forense de computadores y memorias USB incautados en un operativo militar en Anorí, Antioquia, en julio de 2024, donde se habrían encontrado comunicaciones directas con esa estructura armada.
Uno de los hallazgos más graves sería una propuesta del general Huertas para crear una empresa de seguridad privada que permitiría legalizar armamento y facilitar la movilidad de integrantes del EMC bajo una fachada empresarial.
Pese a ello, las disidencias negaron cualquier relación con miembros de la Fuerza Pública y calificaron como “falsas” todas las evidencias, mientras la Fiscalía avanza con la intervención de su delegado contra la Criminalidad Organizada para establecer posibles afectaciones a la seguridad nacional y alianzas con actores ilegales. El presidente Petro también cuestionó la autenticidad de los chats divulgados, asegurando —sin presentar pruebas— que habrían sido manipulados.
