Por: Daniel Delgado
La política indulgente de Estados Unidos ha encendido las alarmas en muchos sectores de la población, principalmente los defensores de los derechos humanos y ambientales al conocer que dentro de los levantamientos de las sanciones impuestas por el país del Norte, está una que beneficia directamente la ejecución de un “ecocidio” que se lleva adelante en el país desde el año 2016, como es la creación del Arco Minero y la caótica y violenta explotación minera en el amazonas venezolano.
El espaldarazo que ha dado Biden a Maduro, luego de un supuesto pacto firmado en la Isla de Barbados por parte de representantes de la dictadura y supuestos factores de la oposición venezolana, significan un respiro a uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido el país suramericano, que hoy día ostenta el título de ser la nación con la diáspora más numerosa sin la presencia de una guerra o catástrofe natural de gran magnitud. La cifra está próxima a superar los 8 millones de personas que han salido de Venezuela “forzosamente” y muchas veces en condiciones que vulneran sus derechos humanos.
El Gobierno de EEUU, además de autorizar nuevamente las operaciones petroleras y de gas con Venezuela, también concede una segunda licencia general que autoriza las operaciones con Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de oro, lo que, según el Tesoro estadounidense, permitirá reducir el comercio de oro en el “mercado negro”.
Sobre esta decisión se pronunció la ONG SOS Orinoco (Venezuela), alegando categóricamente que la medida “permitirá impulsar una bonanza criminal y un saqueo aun mayor por parte del régimen de Nicolas Maduro”.
“Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y los refinadores de oro serios no tienen ninguna manera de fiscalizar, ni saber que ocurre dentro de Minerven C.A. El régimen utilizará a Minerven como un embudo para canalizar por allí todo el oro que seguirán sacando de Áreas Protegidas, utilizando mercurio ilegal y violando derechos humanos y ambientales. El Secretario de Estado Tony Blinken es iluso al pensar que levantar sanciones es suficiente para reducir el contrabando de “oro de sangre” y otros minerales”, se lee en un comunicado publicado como Pronunciamiento Oficial.
El despacho de expertos e investigadores del tema de la Amazonía que dirige Cristina Burelli, acusa con contundencia al Gobierno de Estados Unidos como “co-partícipe del saqueo de la Amazonía venezolana”, ignorando así el “ecocidio” más grave que vive la nación suramericana, que ha legalizado la devastación que ocasiona la minería con la instalación del Arco Minero del Orinoco (AMO).
Para dar una idea del caos que ha significado la puesta en funcionamiento del AMO, detallan que es un territorio gobernado por bandas organizadas de delincuentes dirigidas desde las instalaciones penitenciarias venezolanas (conocidas como “sindicatos” y “pranato”). Igualmente están presentes grupos paramilitares extranjeros como son el ELN y fracciones de las FARC (Colombia), que actúan en Venezuela, según la ONG, con toda la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. “Estos actores irregulares son fundamentalmente los entes operadores encargados del control territorial de las minas, quienes supervisan y fiscalizan a los mineros”, se lee en su página web.
La Ley de la selva
Burelli ha sido igualmente categórica al hacer señalamientos puntuales sobre las violaciones de derechos humanos en puntos neurálgicos de la selva venezolana. “Los militares venezolanos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Bolivariana, así como los cuerpos de seguridad del Estado (SEBIN, PNB, CICPC) son los actores “tope”, los que en última instancia están encargados de controlar toda esta trama y quienes actúan dentro de todo este sistema con la finalidad de imponer su violencia en caso de que sea necesario, y que se quedan con una importante tajada del botín, sea en dinero o en mineral.
Comentó lo que sucedió recientemente en el Parque Nacional Yapacana, donde a través de una operación a todas luces “improvisada” por parte del gobierno, las fuerzas militares nacionales acabaron con la vida de por lo menos 10 personas, en una supuesta intervención para erradicar la minería ilegal en la zona.
“El Arco Minero no tiene ninguna consideración ética sobre sus impactos sociales y culturales. Promueve la prostitución, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, y fundamentalmente la desestructuración social de los pueblos indígenas. La única “resistencia indígena” que ha existido es la resistencia al Arco Minero, pero ha sido reventada a punta de violencia en innumerables matanzas silenciosas que han ocurrido en los últimos años”, asestó la directora de SOS Orinoco.
En varias declaraciones los representantes de esta organización sin fines de lucro, han insistido que si de verdad el Gobierno de Venezuela quisiera acabar con la minería ilegal en la selva venezolana, con cortar el suministro de combustible fuera suficiente o parte de la estrategia.
Sin embargo, aseguran que los intereses del régimen son otros. “Es el General Carlos Osorio, presidente de Corporación Venezolana de Minería, quien tiene el monopolio del suministro de combustible para todas las minas en el Arco Minero y minas en todas las Áreas Protegidas del sur de Venezuela”.
Es por ello que aseguran que con el levantamiento de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro lo que se logra es un un nuevo incentivo para profundizar aún más la política del Arco Minero ya que por la puerta de Minerven CA podrán sacar más oro al mercado internacional «legalmente». “Maduro y su grupo de beneficiarios (militares, altos personeros políticos y financistas del régimen) ahora seguirán traficando, pero abiertamente”.
El punto de honor del acuerdo que ha sido avalado por la administración de Biden son las elecciones presidenciales que deberían realizarse en el 2024. Y este domingo se conoció que probablemente Maduro deba medirse con María Corina Machado, quien ha salido victoriosa en las elecciones primarias convocadas por la oposición.
El tema pendiente: la inhabilitación. Lo cierto que es que al parecer EEUU estará “ojo avizor” de lo que pase en Venezuela y, según Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera estarán preparados para modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento. “Estamos con el pueblo venezolano y apoyamos la democracia venezolana”, dijo en un comunicado.
