El presidente, Gustavo Petro ha provocado controversia al acusar duramente la política de sustitución de cultivos ilícitos implementada por el expresidente Juan Manuel Santos. El mandatario afirma que este programa fue un «antro de corrupción» que incumplió las promesas hechas a las comunidades. En respuesta, Santos ha publicado una carta firmada por sus exfuncionarios, Eduardo Díaz y Rafael Pardo, exconsejero presidencial para el Posconflicto, explicando cómo se utilizaron los recursos para los campesinos en el programa.
Eduardo Díaz, exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos, ha aclarado que la política se implementó de manera individual de acuerdo con el Acuerdo de Paz, ya que las responsabilidades legales en materia penal son individuales. El acuerdo con las FARC estipuló que para eliminar la responsabilidad penal de los cultivadores, se debía aprobar una ley de alternatividad penal que no pasó debido a la oposición del entonces fiscal General de la Nación.
Díaz ha negado las acusaciones de Petro sobre intermediarios que supuestamente se apropiaron de los recursos destinados a los campesinos. Según él, el Banco Agrario manejó los fondos y entregó el dinero directamente a los campesinos según las listas proporcionadas. Además, menciona que se contó con el acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para supervisar la erradicación voluntaria.
El exdirector del programa ha destacado que la planificación se realizó de manera colectiva, con la participación activa de los campesinos, sus organizaciones y entidades públicas, así como el respaldo de excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz.
Wilson Ruíz se suma al respaldo de Alejandro Eder para la alcaldía de Cali
