El sector de la educación privada en Colombia atraviesa un momento de alta tensión tras el reciente incremento del 23,78 % en el salario mínimo, una medida que ha sido calificada como un “golpe muy duro” para colegios y jardines infantiles. La situación afecta con mayor intensidad a las instituciones ubicadas en barrios populares, que ya enfrentaban dificultades financieras antes del ajuste salarial.
La principal preocupación radica en la marcada disparidad entre el aumento de los costos laborales y el límite permitido para el alza de las mensualidades que pagan las familias. Mientras los gastos de personal se incrementan de forma significativa, los ingresos de los planteles permanecen estrictamente regulados. Felipe Palacios, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, explicó que los aumentos en pensiones y matrículas están definidos por el Ministerio de Educación y se calculan generalmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para este año, el Gobierno fijó un rango de incremento que va del 5,26 % hasta un máximo del 9,1 %, según la clasificación de cada institución. Esto genera una brecha cercana a los 15 puntos porcentuales frente al aumento salarial.
La presión es mayor si se considera que entre el 60 % y el 70 % de los ingresos de un colegio se destinan al pago de nómina. En los jardines infantiles, donde gran parte del personal gana el salario mínimo, el impacto es aún más severo, dejando a estas instituciones sin margen para absorber el incremento.
