«La anulación del decreto principal de la Conmoción Interior implicaría la inmovilización total de la Fuerza Pública en el Catatumbo, ya que los once decretos restantes, que contemplan la asignación de recursos, quedarían sin efecto. Es crucial sopesar las consecuencias y evitar decisiones basadas en consideraciones políticas», declaró enfáticamente el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de un Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño. Sus palabras se referían a la posible decisión adversa de la Corte Constitucional contra el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, que estableció el estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.
El ministro del Interior hizo un llamado «respetuoso» a la Corte Constitucional, en el marco del respeto a la independencia de poderes, para que «analice las consecuencias y no se incline por consideraciones de índole política».
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su profunda preocupación por el futuro del decreto, argumentando que la zona del Catatumbo ha sido escenario de una alteración extraordinaria del orden público, con un saldo trágico de «más de un centenar de personas asesinadas, 64 mil desplazadas y más de 24 mil confinadas».
Explicó que la Conmoción Interior es una herramienta indispensable para la Fuerza Pública en su misión de restablecer el orden público, la cual requiere cuatro fases: «salvar vidas, neutralizar la amenaza, estabilizar el territorio y, finalmente, asegurar la sostenibilidad en el área del Catatumbo».
Aseguró que «nos encontramos en la segunda fase, la de neutralización de la amenaza. Hemos avanzado cerca del 60 por ciento en el control territorial, pero se trata de una zona extremadamente compleja que exige capacidades significativas, las cuales se pueden fortalecer gracias a este decreto de Conmoción Interior».
«La primera de estas capacidades tiene que ver con la inteligencia; la anulación del decreto afectaría enormemente nuestra capacidad de inteligencia, impidiéndonos proteger adecuadamente a nuestras tropas y, mucho menos, a la población civil», advirtió.
Añadió que «la segunda capacidad fundamental es la de protección frente a una amenaza que hemos visto acelerarse: los drones. El presupuesto contemplado en el decreto también incluye capacidades antidron. Por lo tanto, la anulación pondría en grave riesgo a la población y a nuestra Fuerza Pública».
Por esta razón, aseguró que «otro elemento crucial es la movilidad, las horas de vuelo. Sin el decreto, no tendríamos la capacidad de movilizar las horas de vuelo necesarias, un recurso extraordinario para atender una situación extraordinaria».
Comentó que «internamente, con unidad de caja, hemos gestionado el presupuesto para atraer recursos futuros a esta región y poder ejecutarlos. Pero si se perdiera esa recaudación, prácticamente tendríamos que maniobrar de otra manera y podríamos quedar estáticos ante la necesidad de proteger a los colombianos, porque para protegerlos se requieren capacidades, y detrás de las capacidades también hay presupuesto».
«Si se pierde la recaudación, tendríamos que maniobrar y quedar estáticos ante la necesidad de proteger a los colombianos», enfatizó el ministro.
