¡Gente! Esto es muy grave y no podemos quedarnos callados. Tras lo que pasó el pasado sábado en El Tarra, Catatumbo (Norte de Santander), donde una escuela (la Institución Educativa Rural de Orú Bajo) fue afectada por explosivos, el Gobierno Nacional ha levantado la voz. ¡Le están exigiendo a los grupos armados ilegales que se mantengan al margen de los entornos escolares y respeten la vida de nuestros estudiantes y profesores en todo el país!
Desde el Ministerio de Educación, denuncian que este ataque se suma a una situación humanitaria lamentable. Las consecuencias son gravísimas: comunidades confinadas, desplazamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y un daño psicológico inmenso en nuestras comunidades educativas. ¡La población civil sigue sufriendo lo peor de esta violencia!
Esto nos demuestra lo complejo de la situación, especialmente en regiones como Catatumbo, Guaviare o Jamundí. Es un desafío enorme garantizar el derecho a la educación en medio de todo esto.
Por eso, el mensaje es claro: ¡es fundamental que se respete el trabajo humanitario! Los grupos armados ilegales deben permitir el acceso a las instituciones y organizaciones humanitarias, y sobre todo, dejar a las escuelas completamente fuera del conflicto. Esto es un mandato del Derecho Internacional Humanitario, que protege a la población civil.
El Ministerio de Educación se solidariza con las comunidades afectadas y hace un llamado a todos, desde el gobierno hasta las organizaciones y líderes sociales, a «abrazar a las escuelas como territorios de vida, de saberes y de paz». ¡Estamos comprometidos con la construcción de un país con justicia social!
Y el llamado final es contundente: «Exhortamos a los diferentes grupos armados ilegales en el Catatumbo, Guaviare, Jamundí y otras regiones del país a mantener la escuela como espacio para la vida y la convivencia, y a desarrollar diálogos de paz con el Gobierno colombiano que permitan materializar en hechos concretos un alivio para el sufrimiento de la población civil».
