Por: Miguel Ángel Arango
De acuerdo a la interpretación de sentencia en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, las demandas de tutelas y acciones de cumplimiento no son los caminos jurídicos para tumbar la convocatoria de julio pasado para elegir al nuevo contralor de Cali. El mencionado organismo confirmó la decisión del juzgado 21 administrativo, que en sentencia del pasado cinco de diciembre dijo que al tenor de la ley y resoluciones de la contraloría general de la república no era necesario publicar el borrador de la convocatoria que hizo el presidente del concejo caleño Edison Lucumí.
En consecuencia, el concejo municipal tiene que escoger entre los ternados Gustavo Alberto Barrientos, Ligia Amanda Gallego y Diego Mauricio López Valencia. Los dos primeros son profesionales antioqueños y el otro es vallecaucano, quienes han dado la pelea porque la justicia les respete un derecho adquirido luego de ganar con solvencia las pruebas de conocimiento y salir bien librados en la ponderación de sus hojas de vida.
El asunto no tiene antecedentes en Colombia y en el debate se abre un capítulo aparte para catorce concejales que no asistieron a cuatro plenarias convocadas por el presidente Edison Lucumi, arguyendo que no comparecían porque la procuraduría había dicho que la convocatoria fue ilegal al faltar la publicación del borrador de la misma y que ahora en dos instancias jurídicas se dijo que no es cierto. El procurador delegado Samuel Arrieta, quien en el año pasado hizo observaciones, al final de diciembre dijo que en ningún momento había exigido al cabildo abstenerse de hacer la elección de contralor general de Cali. La ausencia de catorce concejales tampoco permitió la aprobación del presupuesto del municipio y que es una de las atribuciones por ley de estas corporaciones.
LO QUE SIGUE
Históricamente los presidentes de la república, alcaldes y gobernadores siempre han querido tener contralor amigo y esto se normalizó en el debate político en las corporaciones públicas. La cercanía con ese funcionario supuestamente les da garantías y tranquilidad a los gobernantes de no ser chantajeados por los políticos que pueden estar detrás de un contralor.
En noviembre pasado concejales opositores denunciaron en plenaria que en el lista de candidatos a la contraloría que fueron a presentar las pruebas siete eran amigos del gobierno caleño pero todos se rajaron. Aquí es cuando sectores políticos satanizan la convocatoria y exigen comenzar de cero porque no se publicó el borrador de la misma y argumento que fue derrotado por abogados y que ahora hace lo propio la justicia contenciosa administrativa.
En marzo el concejo debería citar a entrevista a los ternados y luego la plenaria elegir al nuevo contralor general de Cali. En la actualidad hay una contralora encargada y que ocupa esa posición porque al finalizar el 2025 fue nombrada subcontralora y al expirar el periodo de Pedro Ordoñez, ella debe oficiar como interina mientras se resuelve la suerte en el concejo.
Sin lugar a dudas el tema es apasionante porque es inédito. Y de ir al consejo de estado debería generar jurisprudencia para la discusión de nuevos casos con similitud al que se origina en el concejo de Cali. Mientras tanto se esperan decisiones de otros juzgados administrativos en donde cursan demandas que tienen como finalidad imponer respeto a las tres personas ternadas y de donde debe surgir el nuevo contralor general de la capital del Valle del Cauca.
Las sesiones ordinarias del concejo inician el uno de marzo pero seguramente la elección no se haría hasta después del ocho, cuando se debe conocer la elección del congreso de la república. Pero la elección si se puede hacer en febrero si el alcalde Alejandro Eder, convoca a extras al cabildo.
Este impase será uno de los temas que deberá enfrentar la presidenta del concejo, Daniella Plaza.
