El presidente Gustavo Petro anunció su intención de dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte del Estado colombiano.
«Iré al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como jefe de Estado y expondré la verdad: que el Estado colombiano, más allá de la figura presidencial, incumplió el acuerdo de paz con las FARC y faltó a su compromiso con la humanidad adquirido en 2016», declaró el mandatario durante la firma del Memorando de Entendimiento entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Petro argumentó que este incumplimiento se debe al «miedo a la verdad» por parte de quienes cometieron crímenes contra el pueblo colombiano. «Están fragmentando la verdad, y es necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU lo sepa, ya que se está faltando al compromiso con la humanidad que el entonces presidente Juan Manuel Santos asumió ante dicho organismo», añadió.
El presidente subrayó que el acuerdo de 2016 representa «una declaración unilateral del Estado que nos compromete, más allá de la Constitución colombiana, ante la humanidad; nos compromete ante una constitución de la humanidad».
Este compromiso, según Petro, fue presentado ante «la instancia más eficaz y de mayor poder planetario de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, donde se sientan las potencias mundiales», y se está incumpliendo en aspectos como la reforma agraria, la recuperación de territorios marginados y el fin de la violencia.
En relación con los asesinatos de excombatientes desmovilizados, el presidente señaló que «las nuevas organizaciones narcotraficantes, cuyos líderes son albaneses, croatas, mexicanos y operan desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, son los responsables, no Bogotá».
Estas mafias, afirmó, «se han infiltrado en instituciones de la Policía y el Ejército, tienen presencia en el Congreso de la República, e incluso nos infiltran en este palacio, una y otra vez».
«Me tomaré unos días para determinar el momento adecuado para dirigirme directamente, como jefe de Estado, al Consejo de Seguridad de la ONU y abordar la declaración unilateral del Estado colombiano, mediante la cual la sociedad y el Estado se comprometieron ante la humanidad a hacer realidad lo acordado en 2016», expresó el presidente.
Aunque reconoció avances informados por la canciller Laura Sarabia ante la ONU, Petro enfatizó que «persisten grandes vacíos que nos impiden afirmar que el Estado colombiano está cumpliendo con el acuerdo de paz de 2016, y por ende, está faltando a su compromiso con la humanidad».
Acuerdo JEP-ARN.
El acuerdo firmado, con la presencia del presidente Petro, establece la subcuenta Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas-ARN del Fondo Colombia en Paz, destinada a financiar proyectos de reparación a víctimas, dignificación de comunidades afectadas y transformación de territorios.
Esta subcuenta contará con un presupuesto inicial de $50 mil millones, que se destinará a proyectos relacionados con el Caso 01 (secuestros) y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03 (falsos positivos).
La ARN, con experiencia en programas de no repetición y reincorporación, liderará la implementación operativa, mientras que la JEP garantizará la dirección estratégica y el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Paz.
Las líneas de intervención incluyen proyectos de memoria histórica y reparación simbólica, búsqueda de desaparecidos, acciones educativas, iniciativas ambientales y medidas contra minas antipersonal, con enfoque étnico y diferencial.
La participación de víctimas y comparecientes será fundamental en el diseño y ejecución de estas acciones.
El 30 de abril se firmará el Acuerdo No. 001, que formaliza el compromiso del Gobierno Nacional de financiar la implementación de las sentencias de la JEP.
Estas acciones buscan garantizar seguridad jurídica, reconciliación y reparación simbólica y colectiva de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
En el evento participaron el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga; el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez; la directora general de la ARN, Alejandra Miller; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.
