Este miércoles, el presidente Gustavo Petro Urrego formalizará la promulgación de las leyes Ángel y Lorenzo, dos normativas cruciales destinadas a fortalecer la protección de los animales en Colombia. La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
Ambos proyectos legislativos fueron impulsados por la senadora Andrea Padilla Villarraga, contando con el respaldo de los ponentes, el representante Juan Carlos Wills Ospina, el senador Ariel Ávila Martínez, el representante Daniel Carvalho Mejía y la senadora Ana María Castañeda Gómez.
Ley Ángel.
Esta ley introduce modificaciones al Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), endureciendo las sanciones por maltrato animal. A pesar de que desde 2016 se han registrado más de 15.500 denuncias por maltrato, solo el 1,4% de estos casos ha culminado en condenas.
La ley lleva el nombre de Ángel, un perro que fue víctima de un acto de crueldad extrema en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá. Ángel fue encontrado con el 80% de su cuerpo despellejado y, a pesar de los esfuerzos de la Fundación Mi Mejor Amigo, falleció en febrero de 2025. Su historia generó una profunda conmoción en el país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal.
Con esta nueva normativa, quienes causen la muerte de un animal con intención, lo lesionen gravemente o lo sometan a abuso sexual, enfrentarán penas de prisión superiores a los 4 años, eliminando la posibilidad de excarcelación para estos delitos.
Además, se incrementarán las multas, pasando de 5 a un rango entre 15 y 30 salarios mínimos en casos de lesiones graves, y de 30 a 60 en casos de muerte. También se contemplan penas accesorias como la prohibición de tener animales hasta por el doble del tiempo de la condena, la inhabilitación para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y la creación de un registro nacional de personas condenadas, a cargo de la Fiscalía y la Policía.
Ley Lorenzo.
Esta ley promueve el desarrollo de tecnologías alternativas para reemplazar gradualmente a los perros utilizados en vigilancia privada, al tiempo que garantiza mejores condiciones de bienestar para aquellos que continúan prestando este servicio.
La iniciativa surgió en 2023, tras denuncias sobre el trato inadecuado a perros empleados en seguridad. El caso de Lorenzo, un perro maltratado mientras trabajaba en el centro comercial Andino de Bogotá, inspiró esta ley y generó una fuerte reacción en la opinión pública.
La ley asigna al Ministerio TIC la responsabilidad de desarrollar tecnologías que sustituyan progresivamente a los perros en tareas de defensa controlada. También establece altos estándares de bienestar, como tiempos mínimos de descanso y esparcimiento, caniles adecuados con ventilación, luz, zona blanda y confort térmico, alimentación de calidad y protección contra las inclemencias del tiempo.
Adicionalmente, se reduce la edad máxima de uso de perros de 8 a 6 años, se exige la esterilización a partir de los 6 meses y se obliga a las empresas a implementar planes de retiro para los animales al finalizar su vida laboral.
Las empresas deberán instalar cámaras de vigilancia en caniles y puestos de trabajo, y se creará un registro nacional de perros de vigilancia y seguridad privada, con el fin de monitorear su historial y estado.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las entidades territoriales serán las encargadas de inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de estas medidas.
