El economista Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), envió un documento a la Corte Constitucional en el que pone en duda la legitimidad del Decreto 1390 de 2026, con el cual el Gobierno declaró el estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.
En su análisis, González desvirtúa las ocho razones expuestas por el Ejecutivo y sostiene que ninguna corresponde a hechos “sobrevinientes”, es decir, nuevos o imprevistos. Según el exfuncionario, los argumentos presentados son problemas conocidos y de larga data.
Entre los puntos evaluados se encuentra el déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, el deterioro de la seguridad ciudadana, la crisis fiscal tras el hundimiento de proyectos de financiamiento y las obligaciones atrasadas en subsidios y vigencias futuras. González subraya que estos asuntos ya habían sido advertidos por entidades como el Carf y el FMI.
También cuestiona que desastres naturales, sentencias judiciales pendientes de pago, restricciones de endeudamiento y dificultades de caja puedan justificar la emergencia, pues son situaciones previsibles dentro de los marcos fiscales.
Para González, errores de cálculo del recaudo no pueden considerarse razones extraordinarias para decretar una emergencia nacional.
