Un fallo de la Corte Constitucional a favor de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, redefinió los límites entre el legítimo control político y la violencia política basada en género en Colombia. La sentencia ordenó al diputado Jonhy Fernando Acosta corregir, retractarse y eliminar de sus redes sociales mensajes con información falsa o injuriosa en contra de la mandataria, tras considerar vulnerados sus derechos a la honra y al buen nombre.
La decisión se originó en una acción de tutela interpuesta por la gobernadora debido a ataques registrados durante los años 2023 y 2024. El alto tribunal fijó un plazo máximo de 48 horas para que el diputado cumpla la orden, convirtiéndose en la primera vez que un miembro de una corporación pública recibe una instrucción perentoria de este tipo por violencia política digital contra una mujer.
La secretaria General del Valle del Cauca, Liza Rodríguez, destacó que el fallo no solo protege a la mandataria, sino que establece un precedente clave para las mujeres en política. Afirmó que, con base en la Ley 2453 de 2025, se activarán los mecanismos legales correspondientes frente a las violencias ejercidas.
Por su parte, la directora del Departamento Jurídico, Diana Lorena Vanegas, explicó que la sentencia advierte sanciones estrictas en caso de incumplimiento y deja claro que cualquier vulneración a derechos fundamentales configura una falta grave. Desde la Gobernación se reiteró el compromiso con la defensa de la dignidad y la participación política de las mujeres.
