El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la medida cautelar solicitada por el exmagistrado Alejandro Linares, dentro de una acción de tutela que buscaba suspender el decreto 1469, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó un aumento del 23% del salario mínimo para 2026. Con esta decisión, el incremento continúa vigente mientras avanza el debate jurídico y económico alrededor de la medida.
El despacho judicial concluyó que no se cumplían los requisitos legales para decretar la suspensión provisional del decreto, por lo que descartó la petición cautelar presentada. Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, resaltando los efectos económicos del aumento y la reciente obtención de crédito internacional.
“Demostramos la seriedad de nuestra política económica”, afirmó el mandatario, al explicar que un crédito de 5.000 millones de dólares, con una tasa del 5,9%, permitirá reemplazar deudas más costosas y mejorar las finanzas públicas. Petro también defendió el incremento salarial como una herramienta para el desarrollo productivo y el progreso de las familias colombianas.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la decisión judicial como “el primer intento fracasado de tumbar el Salario Vital”, y reiteró el respaldo del Gobierno a la medida.
