Por Rubén Darío Valencia
El Presidente sedicioso
En un Estado de Derecho, las instituciones democráticas son el baluarte de la convivencia civilizada y del equilibrio de poderes. El respeto a las decisiones de los órganos legislativos, así no nos gusten o nos sean contrarios, no solo es una exigencia constitucional, sino un principio esencial de la democracia.
Sin embargo, cuando quien ocupa la más alta magistratura de la Nación, en este caso el propio Presidente de la República, incita a la rebelión contra esas instituciones que él mismo representa y que dan origen a su representación, el país se enfrenta a una grave disyuntiva: o reafirma su compromiso con el orden jurídico o sucumbe a los impulsos autoritarios de una sedición desde el poder.
Este 14 de mayo, tras el rechazo por parte del Senado de la República a la Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro respondió no con argumentos jurídicos ni con un llamado al diálogo institucional, sino con una convocatoria abierta a la desobediencia civil.
En un acto de inaceptable beligerancia política, llamó a la ciudadanía a tomarse las calles, a declararse en huelga general y, más grave aún, ordenó a las Fuerzas Armadas no intervenir en estas movilizaciones. No se trató simplemente de una expresión de descontento: fue una incitación directa y clara a la insurrección contra el poder legislativo, legalmente constituido.
Lo que el Presidente protagoniza no es solo una estrategia política de confrontación. Su actitud encaja peligrosamente dentro de los elementos jurídicos que configuran el delito de sedición, según el derecho penal colombiano: un alzamiento público y tumultuario, con intención de impedir la aplicación de las leyes y de obstruir la actuación legítima de las autoridades, empleando vías por fuera del marco legal y recurriendo al uso simbólico y práctico de la coacción colectiva.
La gravedad no reside únicamente en el hecho de convocar protestas —derecho legítimo en una democracia—, sino en el propósito manifiesto de subvertir el orden institucional mediante la presión callejera, la paralización del país y la insubordinación de la fuerza pública. Cuando el Jefe de Estado convoca a la rebelión y deslegitima las decisiones del Congreso, no actúa como garante de la Constitución, sino como su adversario.
Más que una legítima discrepancia política, lo que observamos es la germinación de una peligrosa doctrina de poder absoluto, donde el Ejecutivo pretende erigirse como único intérprete de la voluntad popular, pasando por encima del Congreso, la justicia y la Constitución misma.
El Presidente se convierte así en el promotor de un caos calculado que busca sustituir la deliberación parlamentaria por la imposición callejera. En otras palabras, en un Presidente sedicioso.
Colombia no puede permitir que la protesta legítima sea utilizada como disfraz de una insurrección contra la democracia representativa. La Constitución no otorga licencia para desestabilizar el país cuando las decisiones de los otros poderes no coinciden con los deseos del Ejecutivo.
Al contrario, el juramento presidencial es claro: cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Si ese compromiso se traiciona, la sociedad debe responder con firmeza, dentro del marco legal, pero sin ambigüedades.
El orden constitucional no puede ser rehén de las emociones ni de los impulsos mesiánicos del Presidente Petro quien no acepta el juego democrático. Colombia ya ha pagado muy caro el precio del autoritarismo disfrazado de revolución. No permitamos que la historia se repita.
El país necesita un Presidente, no un agitador.
RAYITA 1: Armando Benedetti, ministro de Gobierno, debe ser investigado por instigación a la violencia y falsa denuncia, al incendiar al país con el falso relato de fraude. No hubo tal cosa, todo estaba siendo observado por el país. Es una cortina de humo muy peligrosa para esconder su absoluta derrota como manzanillo de la política.
RAYITA 2: El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, deberá responder por los daños materiales, económicos y humanos si su llamado a la huelga general del país prospera y tenemos un segundo estallido. Están jugando con fuego untados de gasolina.
