La Secretaria de Educación, en articulación con los organismos distritales, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades, respondieron a las inquietudes del Concejo de Cali frente a la atención en casos de abuso sexual contra la población escolar.
Entre el 2022 y lo corrido del 2023 se han atendido alrededor de 60 denuncias sobre presuntos actos de violencia sexual en contra de estudiantes, registrados en las instituciones educativas; en primera instancia, el Comité Municipal de Convivencia escolar, Comce, en conjunto con los directivos docentes, ha activado la ruta de atención y protocolos descritos en el Decreto local 0346 2023.
“Para continuar garantizando la protección de los educandos frente a actos que rechazamos, hemos socializado el plan de fortalecimiento en la formación de docentes, estudiantes, personal administrativos y padres de familia, en aspectos como la identificación de conductas abusivas que puedan ser referidas en los entornos escolares”. Expresó el secretario de Educación José Darwin Lenis Mejía.
Y agregó el funcionario: “además solicitamos a control interno y a la Fiscalía Seccional Cali que nos entregue un informe detallado sobre el avance en las investigaciones de las denuncias hechas por los afectados; adicional, se realizarán capacitaciones sobre violencia de género dirigida a los docentes y directivos docentes de los colegios oficiales del Distrito”.
En la vigilancia de los casos interviene también un segundo grupo articulador, denominado Comité Interinstitucional para la Prevención de la Violencia Sexual, donde al igual que en el Comce participan las secretarías de Salud, Educación, Seguridad y Justicia y Bienestar Social; también la Policía de Infancia y Adolescencia.
Comprometida con el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes de las Instituciones Educativas Oficiales, la Administración Distrital ha establecido una serie de medidas y orientaciones concretas para proteger a los estudiantes.
Una de las determinaciones anunciadas es separar del cargo a los docentes involucrados en las denuncias, con el fin de evitar vacíos legales en los que el Ministerio de Educación, MEN, no especificó soluciones.
