La gobernadora encargada del Valle del Cauca, Sandra Romero, lideró junto a la USAID, Migración Colombia, SENA e ICBF, entre otras entidades, el Consejo Departamental de Atención Integral al Migrante, donde se ratificó el compromiso del departamento con este grupo poblacional y se dieron a conocer importantes avances que ha liderado la administración de Clara Luz Roldán en materia de inclusión social. 

«A pesar de circunstancias tan apremiantes como la pandemia o el paro nacional, este Gobierno desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha articulado acciones con entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), impactando a 660 familias migrantes con ayudas humanitarias representadas en kits de cocina, kits de hábitat, de aseo, de menaje, kit escolar para primaria y secundaria, y kits de bioseguridad», señaló Romero.

Desde el Gobierno del Valle también se ha priorizado el trabajo en las instituciones educativas oficiales, donde se ha socializado la Ruta de Atención con 1.850 estudiantes de los grados 9, 10 y 11 en los 40 municipios y los dos distritos del departamento. Así mismo, se ha priorizado la atención en salud, acompañando el proceso de afiliación al sistema general de seguridad social.

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“Atendemos todas las urgencias que se requieran, pero adicionalmente atendemos a los menores de edad y a las mujeres gestantes en todo el proceso de embarazo, parto y puerperio, durante la primera infancia accediendo a la prestación de servicios sin ninguna barrera, siendo financiados estos por el departamento del Valle del Cauca. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos atendido población migrante, especialmente venezolana, en prestación del servicio de salud por un valor aproximado de $91 mil millones”, informó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental. 

“Es población que está calificada, en muchos casos. Es población que llega con todas las ganas de salir adelante, muchos de ellos están también queriendo quedarse en los territorios, y por eso estamos viendo hacia adelante, con la Gobernación, las alcaldías y todas estas entidades, con procesos de mediano y largo plazo de integración social”, agregó Laura Zamorano, directora del programa ‘Conectando Caminos por los Derechos’, financiado por la USAID.