La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presentó una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Valle con el propósito de proteger el derecho a la salud de más de un millón de habitantes del departamento, en medio de la crisis que enfrenta la red hospitalaria por las deudas acumuladas de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
Según la administración departamental, la falta de pagos ha provocado el cierre de cerca de 2.000 servicios de salud, la pérdida de 2.400 empleos y una creciente sobreocupación en hospitales y clínicas, además de dificultades en la entrega de medicamentos y la atención de los pacientes.
Con esta acción judicial, la Gobernación busca que se ordenen medidas urgentes para garantizar el suministro oportuno de medicamentos, el pago de las obligaciones pendientes con las instituciones de salud y un seguimiento permanente al cumplimiento de estos compromisos.
La iniciativa se suma a la emergencia humanitaria en salud declarada previamente por el departamento y a las advertencias sobre el riesgo de suspensión de servicios para usuarios afiliados a algunas EPS intervenidas.
La administración también recordó que ha adelantado jornadas descentralizadas de atención médica y apoyos financieros para hospitales. De acuerdo con cifras oficiales, la deuda de las EPS intervenidas con la red pública y privada del Valle supera los siete billones de pesos, situación que mantiene en alerta al sistema de salud regional.
