La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha lanzado un llamado urgente a la ciudadanía para unirse en una campaña que exija al Congreso el aumento de las penas para los violadores y asesinos de niños. Este llamado se produce tras los trágicos eventos que llevaron al fatal desenlace de Sara Sofía Delgado en el municipio de Candelaria.

Reflexiones y Llamado a la Acción: En una carta abierta dirigida a los colombianos, la gobernadora expresó su dolor por la situación, afirmando que «esta semana ha sido dolorosa para el Valle del Cauca, Candelaria y Colombia, especialmente para la familia de la pequeña Sara Sofía». En su mensaje, enfatizó que la violencia contra niñas y niños se ha convertido en una «tragedia cotidiana» en el país, con cifras alarmantes que indican que las niñas son las principales víctimas de la violencia de género.

Propuesta de Sanciones Más Severas: Toro destacó la urgencia de proteger a los menores y subrayó que no es momento de hablar de rebajas de penas, sino de unir esfuerzos para exigir sanciones más severas. Propuso el establecimiento de una ley que castigue de por vida a quienes violen, maltraten o asesinen a niños, haciendo un llamado a la ciudadanía a no ignorar el sufrimiento de las víctimas y a actuar en consecuencia.

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Convocatoria a la Ciudadanía: En su misiva, la gobernadora instó a todos los colombianos a apoyar esta causa, recoger firmas y hacer saber a los agresores que su tiempo de impunidad ha terminado. «No les fallaremos a nuestras niñas. Se lo debemos a Colombia», concluyó, invitando a todos a involucrarse en esta importante iniciativa.

Este llamado se enmarca en un contexto donde la violencia contra la infancia ha generado una creciente preocupación social y política, y refleja un esfuerzo por parte de las autoridades para abordar de manera más efectiva estos delitos atroces y garantizar la seguridad de los niños en el país. La gobernadora busca movilizar a la población en una acción conjunta que propicie cambios legislativos significativos y profundos en la protección de los derechos de los menores.