En el marco del consejo de ministros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un balance preliminar sobre el impacto del frente frío y la ola invernal que afecta a amplias regiones del país, así como las medidas fiscales y financieras para atender la emergencia y acelerar la recuperación. El reporte da cuenta de 65 emergencias registradas, 53 por inundaciones en 61 municipios de ocho departamentos, con más de 69.000 familias afectadas y 10 personas fallecidas.
Los daños incluyen afectaciones severas en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud, además de cerca de 20.000 hectáreas productivas impactadas y la destrucción de más de 4.100 viviendas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos, lo que supone un reto significativo para las finanzas públicas.
Ante este panorama y tras la suspensión de medidas tributarias previas por la Corte Constitucional, el Gobierno propuso un decreto de emergencia para crear un impuesto temporal al patrimonio de personas jurídicas. La tarifa sería del 0,5 % para empresas con patrimonio superior a 200.000 UVT y del 1,6 % para los sectores financiero y minero-energético.
En paralelo, se anunciaron alivios financieros como períodos de gracia, suspensión de cobros y protección de la calificación crediticia, junto con el llamado a reducir tasas para la economía popular y fortalecer el crédito rural, en una respuesta integral que combine atención inmediata y recuperación sostenible.
