El decreto 1094 del 28 de agosto de 2024, emitido por el Gobierno Nacional, establece un marco normativo para fortalecer el sistema económico propio y el buen vivir de los pueblos ancestrales del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Este decreto tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas mediante varias acciones clave:
Protección y Financiación: El decreto introduce mecanismos para proteger y financiar las unidades productivas indígenas, apoyando la adquisición de insumos, transformación y comercialización de productos.
Política de Financiación: Se creará una política específica para financiar el fortalecimiento económico en toda la cadena de producción, desde la adquisición de insumos hasta la comercialización.
Modelo Económico ATEA: Se definirán e implementarán mecanismos para desarrollar el modelo económico ATEA (Agroindustrial, Industrial, de Servicios y Comercial) dentro del contexto cultural y territorial de los pueblos indígenas del CRIC, alineado con sus planes de vida.
Centros de Innovación y Finanzas: Se establecerán un centro de innovación y productividad y un centro financiero con identidad indígena para apoyar el desarrollo económico.
Reconocimiento de Competencias: El decreto reconoce las competencias de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), un instrumento propio de las autoridades tradicionales del CRIC para gestionar el desarrollo económico y la protección del territorio.
Coordinación con Terceros: Las autoridades indígenas del CRIC deberán coordinar con las autoridades públicas el ejercicio de sus competencias en territorios que no pertenecen exclusivamente a las comunidades indígenas, siempre respetando la Constitución y la ley.
Este decreto busca abordar los desafíos sociales, económicos, ambientales y culturales que enfrentan las comunidades ancestrales en el Cauca, promoviendo un modelo de desarrollo que respete sus tradiciones y cosmovisión. También refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el diálogo y la negociación como medios para encontrar soluciones a las problemáticas que enfrentan estos pueblos.
La norma se aplicará en territorios originarios, incluyendo resguardos, reservas indígenas y tierras ocupadas ancestralmente por las comunidades del CRIC. La implementación de este decreto será crucial para avanzar en la autonomía económica y la preservación cultural de los pueblos indígenas en la región.
