El Gobierno nacional expidió el decreto 0287 de marzo de 2026, con el propósito de garantizar la participación de personas con discapacidad en el sistema de compras públicas. La medida busca fortalecer la inclusión laboral y generar nuevas oportunidades dentro de la contratación estatal.
De acuerdo con Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, la norma responde al mandato legal de fomentar el empleo para esta población. En adelante, los proveedores que participen en licitaciones o concursos deberán vincular personas con discapacidad según sus capacidades, además de promover la participación directa de sus emprendimientos.
El decreto también exige que las entidades estatales garanticen condiciones de accesibilidad en bienes, obras y servicios contratados, aplicando criterios técnicos desde la etapa precontractual. En caso de no existir lineamientos específicos, deberán establecer fichas técnicas que aseguren inclusión.
Según el DANE, en Colombia hay más de 1,3 millones de personas con discapacidad, muchas en edad productiva. La implementación será monitoreada mediante el SECOP, permitiendo evaluar el impacto de esta política en la generación de oportunidades y el cierre de brechas sociales.
