Un juzgado de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, cercana a los 10 millones de pesos, por no cumplir adecuadamente con una orden de rectificación relacionada con declaraciones contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
El proceso se originó tras manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales en las que el mandatario vinculó al funcionario con presuntas redes del narcotráfico y lo mencionó en relación con el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La justicia determinó que dichas afirmaciones afectaron el buen nombre del fiscal.
Según la decisión judicial, las rectificaciones realizadas por el jefe de Estado no cumplieron con los lineamientos fijados en el fallo de tutela previo, lo que dio paso a un incidente de desacato. En el documento se señala que las aclaraciones emitidas desdibujaron la orden inicial y no repararon de manera efectiva la afectación señalada. El pago deberá realizarse en un plazo máximo de tres días una vez la decisión quede en firme.
