Por: Gustavo Alvarez Gardeazabal
Colombia dejó de ser una república constitucional y democrática desde el momento en que redactó sus leyes, entregó el poder y organizó la estructura del estado para favorecer a los contratistas.
Son los contratistas del estado, en cualquiera de sus niveles, quienes deciden cuales son sus alcaldes, sus gobernadores y su presidente.
Obviamente son también los contratistas quienes determinan con su influencia y, en uso lógico de la estructura, quienes van a ser concejales, diputados y congresistas.
El sistema no es muy original pero si es muy sencillo de entender. Son los contratistas del estado los que finalmente financian las campañas para ser elegidos.
De acuerdo al tamaño de la financiación, el elegido se compromete a facilitar el trámite de contratos con el municipio, el departamento o la nación hasta por una suma que compense el gasto incurrido.
Por supuesto si uno mete esas cifras en una hipótesis se entiende mejor. Para ser alcalde de ciudad intermedia se necesitan 100 mil votos.
Conseguir cada voto puede ser calculado por efecto residual entre 20 mil y 50 mil pesos. Si solo cuesta 15 mil, el valor total de la campaña sería de 1.500 millones de pesos. El sueldo de alcalde de una ciudad de esas es 15 millones.
En el año, con primas y prebendas sumaría 200 millones. En cuatro años recogería 800. ¿De dónde saca los 700 restantes ? ¿Con que come, sostiene su familia y se viste ? Pues de los contratos.
Ellos, adjudicados a dedo o por licitaciones amañables dan para todo, pero en especial para regar el virus de la corrupción como soporte fundamental del estado. Esa es la dura realidad.
Encarecimos el costo de ser elegidos y aceptamos que la vaca se ordeñe miserablemente y al hacerlo hemos entronizado la corrupción como estructura, como método y como lubricante para que funcione el estado. Los contratistas redactan las leyes y arman los presupuestos y, por supuesto, les toca algún vasito de leche de la ordeñada.
