Por: Gustavo Alvarez Gardeazabal
No es lo mismo supervisar para aclarar o exigir cumplimiento que intervenir para impedir el curso normal de los acontecimientos. Tampoco es lo mismo respetar un fallo que negarse a cumplirlo. Ni mucho menos resulta ser lo mismo actuar como juez y terminar como parte al emitir el veredicto.
Todo eso parece estar pasando por estos dias electorales y el panorama en vez de apaciguar ánimos y alejar la agresividad del debate, parecería que se estuviera agriando. Gracias a la estructura ambigua conque la Carta del 91 dotó al Consejo Nacional Electoral, este organismo ha terminado convertido en una guillotina y no en un controlador de las diferencias electorales que puedan surgir en una democracia.
Asumiendo a veces papeles que le corresponden al Consejo de Estado o a los jueces ha decidido intervenir para anular de un tajo las inscripciones de candidatos por protuberantes o discutibles que resulten las circunstancias de cumplimiento a las normas de garantías electorales. De manera contundente con sus determinaciones ha modificado el panorama electoral del Valle, Santander, Santa Marta y Maicao entre otras.
Pero lo grave no es que haya fallado en derecho o en contra de ello, sino que ha precipitado que el primer mandatario intervenga a cuestionar sus fallos y que la antigua presidente del Senado y candidata a la gobernación de su departamento, le exija al presidente que no genere esas revueltas porque a más de dañar el clima electoral, polarizándolo, lo presenta como un mandatario que se lleva las normas constitucionales por los cachos como cualquier vaca en las corralejas sucreñas.
El Consejo Electoral se puede equivocar, pero no la víspera de cerrar los plazos electorales.
El presidente puede estar de acuerdo o no con las determinaciones de las Cortes pero no debe parcializarse contra ellas sin generar la desobediencia civil y sobre todo, las elecciones no se pueden dañar por los irresponsables que aúpan el desorden como fórmula victoriosa.
