En una entrevista con Caracol Radio, el director de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez, confirmó que la investigación sobre la incursión armada al corregimiento Bocas de Manso en Córdoba, realizada por militares disfrazados de criminales, ha sido trasladada a la Fiscalía General de la Nación.
Después de los acontecimientos ocurridos en septiembre pasado, funcionarios de la Justicia Militar se desplazaron a la zona rural del municipio de Tierralta para llevar a cabo investigaciones preliminares. Los resultados señalaron que la competencia para investigar y procesar a los 18 uniformados involucrados recae en la Fiscalía.
La juez de instrucción penal militar, la capitán de Corbeta Adriana Vera, emitió un auto el 20 de octubre indicando que en la incursión de los integrantes del Ejército «probablemente se rompió el nexo causal entre la comisión de la conducta y las labores propias del servicio».
El caso, que estaba siendo investigado en la jurisdicción militar por el delito de abuso de autoridad especial, se encontraba en la etapa preliminar de averiguación de responsables.
En respuesta al escándalo en Córdoba, el fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó que la Justicia Penal Militar no debería intervenir en las investigaciones sobre las intimidaciones realizadas por miembros del Ejército Nacional a indígenas en la vereda Bocas de Manso. Barbosa argumentó que, dado que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos, la competencia para investigar corresponde a la Fiscalía, y que no permitiría que la jurisdicción penal militar interfiriera en la investigación.
El director de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez, aclaró en Caracol Radio que no hubo un conflicto con el fiscal Barbosa, explicando que es una obligación de la Justicia Penal Militar llevar a cabo actos urgentes cuando un hecho involucra a un miembro de la Fuerza Pública.
