KICO BECERRA

Mientras nos divertimos con la telebobela del hijo crápula de Petro, hay Hechos que se van descubriendo y que, cada vez nos indignan más, como los que nos ha notificado el ministro del Interior, por medio de declaraciones recientes:

Primero: Existen ahora y han sido reconocidas por el gobierno actual, las autollamadas «Guardias Campesinas»; estas organizaciones tienen derecho a realizar «retenciones de personas, de soldados y de policías».

El MinInterior Prada asimila esas Guardias Campesinas a las también llamadas «Guardias Indígenas»; sin embargo, éstas son autoridades étnicas y solo pueden actuar en los resguardos indígenas.

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En ninguna parte de la historia de nuestro largo proceso republicano se habían legalizado «Guardias Campesinas», darles facultades para «hacer cercos humanitarios” y, mucho menos, dar justificación para «retener» a ningún ciudadano.

Segundo: Prada justifica y hace alabanzas de las facultades que él le da a las «Guardias Campesinas», por solo «causar 3 muertes, en una situación que podría haber acarreado muchos más asesinatos».

Se convierte el MinInterior en adivino de cuántos muertos puede haber, si las legítimas autoridades actúan y cuántas son las muertes «aceptables», cuando se «retienen previamente policías».

Insólitas afirmaciones, apoyadas y aceptadas, por medio de convenio firmado por varios ministros del actual gobierno, al comprometerse a que no habrá consecuencias legales, contra los miembros de la «Guardia Campesina del Caquetá».

Esto que, parece una noticia falsa por lo increíble de lo expresado, es absolutamente cierto y existen documentos públicos al respecto.

El Derecho Humanitario establece que, toda «retención» contraria a la voluntad del retenido es violatoria a los derechos humanos y considerado secuestro, si median peticiones para su liberación; luego, lo que «legalizó» este gobierno es un secuestro masivo de policías y civiles.

¿Quedan permitidas las «Guardias de Pescadores, de Comerciantes, de Camioneros, de taxistas, de Juntas de Acción Comunal, de Obreros de la Construcción, de Agricultores y de los LGTB? o, ¿solo están autorizadas las de Campesinos e Indígenas?

¿Con base en qué ley se dio derecho de intermediación a la «Guardia Campesina?

Quien a sabiendas se exceda en sus funciones legales, comete como mínimo el delito de prevaricato. ¿Habrá sanciones en esta aberración político jurídica?

Reitero que esto es de la mayor transcendencia institucional y puede ser el comienzo de una guerra interna entre «Guardias» por actividades, género, étnicas, etc.

Ñapa: Lo de los hijos de los presidentes viene de tiempo atrás; realmente, lo de la familia Petro es una continuación de ese tipo de abuso de poder. Ahí, como en casi todo, este gobierno, NO ES DE CAMBIO.