Después de algunos susurros denunciando la extorsión que se tomó al país, he recibido pruebas de una modalidad extorsiva que ejercen funcionarios públicos, contra los ciudadanos.

Las víctimas predilectas son los negocios de comida y bebidas, que son sometidas a la vacuna diaria de autoridades, pidiendo todo tipo de documentos y permisos, para no cerrarles sus negocios. Me atrevo a afirmar que, en Cali, más del 95% de estos establecimientos debe pagar para funcionar; además, tengo la certeza de que, se han cerrado los que no han pagado esa extorsión.

La modalidad es simple, por no tener claridad de cuáles son las normas que rigen, los inspectores siempre tienen una razón para cerrar, a no ser que «les colaboren semanalmente» para tenerlos abiertos.

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Esto se sabe hace tiempo; ningún candidato habla de esto; les da pánico hablar de esa mafia de la cual viven los jefes políticos. Los inspectores deben pagarle a ellos parte de ese chantaje criminal; incluso, se sospecha que las mismas asociaciones de establecimientos también reciben parte de esta gran piñata.

La falta de actualización del POT que, no se hace para mantener «ilegales» a zonas totalmente comerciales y los requisitos absurdos como el color y calidad de la pintura, hacen que nadie cumpla, pero, todo el mundo funcione, gracias al dinero que se le da a los funcionarios de control y a los jefes de éstos.

La solución sería una amnistía temporal, mientras se adecúa el POT y las normas; naturalmente, cumpliendo las normas básicas de salubridad y ruido. Una vez se aclaren las normas, se requerirá un tiempo de adecuación, para su cumplimiento estricto, no sometido a la vacunas policiales.

¿Habrá un candidato que se atreva a coger ese toro por los cachos? Lo dudo; se disculparán en las normas para mantener «ilegales», pagando ají a los funcionarios; mientras Granada, El Peñón y el Parque del Perro seguirán teniendo negocios, a pesar de su «ilegalidad».

Incluso, en medios nacionales hay denuncias de empresarios valientes que no se sometieron al chantaje y cumplieron todas las normas después de año y medio y, la administración municipal no los deja funcionar, por falta del pago extorsivo.

Es increíble que nadie en el Concejo Municipal haya hecho un debate serio sobre este escabroso tema. Los últimos alcaldes pasaron de agache y el actual con su desgobierno permitió la total generalización de este flagelo.

Los dueños de esos establecimientos tienen que guardar silencio y «colaborar», para no cerrar. Después de la pandemia, cuando se cerró gran parte de esa actividad comercial que, genera mucho empleo, los que están nuevamente incursionando en ese mundo tienen que pagar ese otro impuesto, para poder trabajar.

Y que tal esta joya, se le pide permiso de construcción a un inquilino que no es dueño del predio, habiendo sido concedido ese permiso a los dueños. Esto está sucediendo todos los días, no solo en barrios de estrato alto, en los bajos le pagan a las bandas criminales y a los funcionarios públicos. ¡Antes no hay más desempleo y violencia!

Ñapa: Petro va a España y se cae Sánchez el jefe de gobierno; después, va a Francia y hoy arde París, con posibilidad de que se caiga Macrom. ¡Que tal la mala suerte que lleva el presidente a los sitios que viaja!

Ñapita: Las grabaciones del conocimiento y ocultamiento de los apoyos de Odebrecht a la campaña de Zuluaga, demuestran que, en política no hay nada oculto y que, tarde o temprano, se descubre la verdad. Increíble que, el Uribismo haya terminado sometido a semejantes escándalos. Por eso no es de extrañar que estén tan desprestigiados y hayan perdido el poder. Además, es bueno recordar que judas, como García Arizabaleta, hay en todas partes; por eso es tan peligroso Benedetti para este gobierno.