Las detenciones de los expresidentes de las dos Cámaras legislativas son, sin duda, un hecho de inocultable gravedad.
Simplemente, la orden de la Corte Suprema para la detención de esos congresistas es, por sí misma, de gravísimas consecuencias, incrementadas por los hechos que las causaron.
De acuerdo con la Corte Suprema, Sala de Instrucción, la razón es que tiene pruebas e indicios claros de que esos congresistas recibieron dinero de parte de funcionarios del poder ejecutivo con el objeto de votar unas leyes.
Hablando en lenguaje coloquial, esos congresistas vendieron sus votos y pusieron su poder a cambio de unos millones de pesos.
No son los periodistas ni la oposición majadera quienes dicen tener pruebas de estos hechos, y aunque apenas comienza el juicio, debemos suponer que hay mucho peso probatorio.
Los funcionarios que entregaron los dineros a cambio de los votos a favor de algunas leyes confesaron haberlo hecho, contaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cometieron el delito, además de contar de dónde salió el dinero de esos sobornos.
Los autores materiales del delito confesaron y ya hay un condenado por esos hechos.
Salta ahora la pregunta de fondo: ¿Quién se benefició con el voto comprado para pasar leyes?
Los hechos indiscutibles son:
•El funcionario de mayor rango que confesó la comisión del delito fue nombrado por el Presidente.
• Una asesora del despacho del presidente, nombrada por él, confesó también haber entregado parte de esos dineros.
• Todos los confesos delincuentes admiten que hicieron la entrega de dineros por orden de funcionarios de mayor rango y muy cercanos al presidente.
Ninguno ha dicho que el presidente sabía, pero que algunos ministros sí sabían. Según lo que se sabe, el Ministro de Hacienda sabía de la compra de votos de congresistas a cambio de contratos y dinero en efectivo.
El exministro de Hacienda ha sostenido que él no hacía nada sin conocimiento del presidente. Esa es la única conexión directa que implica a Petro como coautor de esos delitos.
Por tanto, hasta ahora, lo único cierto es que funcionarios del actual gobierno sobornaron a unos congresistas con dinero en efectivo para que votaran unas leyes.
Todo lo que se diga de más son especulaciones y hay que esperar si la Corte vincula a los ministros que han sido mencionados por los confesos delincuentes.
Hasta el más fanático petrista sabe que el gobierno no puede negar que sus funcionarios cometieron el delito de soborno a congresistas, y eso mínimo le acarrea una responsabilidad política al Presidente, amén de acarrearle el indudable señalamiento de comprar congresistas para aprobar leyes.
Ñapa: Pésima defensa hacen los amigos del gobierno al decir que los funcionarios del gobierno vinculados con este escándalo actuaron por su cuenta sin conocimiento del alto gobierno. Ese cuento no se lo cree nadie.
Ñapita: Solo un cretino puede afirmar que los expresidentes del Congreso presos esta semana eran enemigos del gobierno. La mitomanía petrista no puede llegar hasta ese nivel.
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