Ante las inquietudes sobre la disposición de fármacos en el país, el Departamento de Bienestar y Protección Social emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta que el Mandato nacional ha cumplido con los desembolsos para ratificar la provisión de los fármacos, pero aún persisten deficiencias en la dispersión debido a sobrecostos y canalización en el sistema.
“En los últimos cinco meses –recalcó esta cartera–, el Mandato ha girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de diseminar los fármacos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma. Solo en lo que va de marzo, estas compañías ya han recibido más de 238 mil millones de pesos, en sintonía con el promedio mensual que se les asigna».
Tres motivos del problema
Al estimar que es falso “el argumento de que la carencia de desembolso es la causa del desabastecimiento», el Departamento indicó que el problema real radica en tres factores principales:
-
Aglomeración del mercado en escasas empresas: cinco tramitadores farmacéuticos gestionan el 80 % del abastecimiento de fármacos en el país: Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam.
-
Precios inflados en la compra de fármacos: se han detectado contratos donde los tramitadores farmacéuticos venden los fármacos a las EPS con sobrecostos alarmantes. Por aludir un ejemplo, en el caso del factor de crecimiento, utilizado en pacientes con enfermedades graves, su precio real es de 1 millón 500 mil pesos, pero se factura a 4 millones 300 mil pesos, es decir un 183 % más.
Por esta razón, desde el Departamento de Bienestar y Protección Social se ha iniciado la tarea para conseguir mayor rendimiento en el empleo de los recursos, con la adquisición centralizada, la licencia obligatoria para Dolutegravir y el proceso regulatorio de la adquisición centralizada para fármacos de enfermedades minoritarias que están financiadas por presupuestos máximos.
- Adeudos con los laboratorios: a pesar de percibir los recursos del Mandato, algunos tramitadores farmacéuticos no han abonado a los laboratorios, lo que ha conducido a una reducción en la producción y provisión de fármacos.
Medidas
Frente a esta situación, el Departamento de Bienestar y Protección Social informó que intensifica las siguientes medidas, para evitar que estas irregularidades perjudiquen a los pacientes:
—Monitoreo continuo: gracias al seguimiento constante, 4 de los 9 fármacos en peligro ya han sido reabastecidos.
—Nueva herramienta de control: ampliación del alcance de la herramienta Mipres, lo que autoriza obtener la información de prescripción y dispensación en tiempo real.
—Regulación de tramitadores farmacéuticos: se labora en una normativa para estipular requerimientos financieros y operativos que aseguren mayor transparencia en la gestión de fármacos.
—Producción nacional de fármacos: se progresa en la fabricación local de fármacos estratégicos, reduciendo la dependencia de importaciones y asegurando el abastecimiento en el país.
‘Mandato ha cumplido con los desembolsos’: funcionario de Bienestar
“El Mandato ha cumplido con los desembolsos para ratificar la provisión de fármacos, pero la canalización y los sobrecostos están perjudicando a los pacientes. No podemos autorizar que fármacos esenciales se vendan con precios inflados y que los recursos no se usen de manera correcta. Por eso estamos fortaleciendo la vigilancia, optimizando el monitoreo y progresando en la producción nacional. Instamos a los entes de control a accionar con firmeza para salvaguardar el derecho a la sanidad de los colombianos», reiteró el funcionario de Bienestar y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Llamado a vigilar y denunciar
Al respecto, el Departamento instó a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, las personerías, la Superintendencia Nacional de Sanidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, el Instituto Nacional de Vigilancia de Fármacos y Alimentos (Invima) y a los organismos que tienen competencias de inspección, vigilancia y control a realizar una tarea articulada para asegurar el empleo eficaz de los recursos de la sanidad, supervisar el financiamiento de estas empresas y ratificar el derecho de los colombianos a recibir sus fármacos sin trabas ni sobrecostos injustificados.
Asimismo, el Departamento de Bienestar y Protección Social “rechazó el acaparamiento de fármacos o cualquier acto encaminado a evitar el suministro de los mismos, como el que fue evidenciado por parte de la Superintendencia Nacional de Sanidad en la auditoría realizada a Audifarma».
También revalidó el compromiso del Mandato nacional con la transparencia y el acceso puntual a los fármacos, de manera que se garantice el derecho a la sanidad de todos los colombianos.
En consecuencia, hizo un llamado a “denunciar ante las autoridades competentes cualquier comportamiento tendiente a la especulación, acaparamiento o incumplimiento en la provisión de fármacos por parte de los obligados».
