El ministro de Justicia encargado, Andrés Itárraga, confirmó la radicación de una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la senadora María Fernanda Cabal, la representante Lina María Garrido y el senador Jota P. Hernández. La acción judicial se sustenta en la presunta promoción o incentivo de una intervención militar extranjera en Colombia.
De acuerdo con el funcionario, los hechos podrían configurar el delito de menoscabo de la integridad nacional, contemplado en el artículo 455 del Código Penal. Itárraga precisó que no se trata de una opinión protegida por la libertad de expresión, sino de un acto que, a su juicio, constituye hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no guardar nexo con la función legislativa.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro fue enfático al señalar que “la autodeterminación no se negocia” y que la investidura congresional no puede utilizarse como licencia para legitimar injerencias externas. Asimismo, sostuvo que el Estado de Derecho es innegociable y debe ser defendido por todas las instituciones.
La Corte Suprema evaluará ahora la denuncia y determinará los pasos a seguir dentro del proceso correspondiente.
