Un contundente mensaje a las organizaciones criminales en Tuluá envió la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de presidir con todas las autoridades departamentales, municipales y la Fuerza Pública, un consejo extraordinario de seguridad tras el ataque armado que les costó la vida al concejal Carlos Arturo Londoño y la coordinadora de discapacidad de la secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía, Clariver Ocampo.

La mandataria, quien expresó toda su solidaridad con los familiares de las víctimas y lamentó los hechos violentos que afectan la tranquilidad de los tulueños, anunció el ofrecimiento de una recompensa de $50 millones de pesos por información que lleve a los autores materiales e intelectuales del doble homicidios, y fue contundente al afirmar que “no vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad, aquí no vamos a ceder absolutamente a nada, seguiremos trabajando más duro, más fuerte porque los criminales no pueden vencer”.

Recordó el trabajo que se ha venido realizando en esta localidad recuperando el control social que ha permitido importantes logros para la seguridad de sus habitantes. “Trabajamos para tener el control territorial en Tuluá, lo hemos conseguido, hemos disminuido los homicidios, las extorsiones; hemos tratado de darle toda la seguridad y la tranquilidad a los tulueños, ese ha sido nuestro propósito, pero no ha terminado el trabajo, el trabajo es arduo porque esto lleva muchos años en Tuluá y lógicamente esto lleva un tiempo para poder lograr acabar con esta problemática que existe en Tuluá”.

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“Este problema que se presentó es prácticamente tener presionadas a estas personas, lo que hace que se responda de esta manera y lamentable dos personas perdieron la vida, no vamos a ceder”, reiteró la mandataria, quien precisó además que mientras hay una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, el compromiso de la Policía Valle es garantizar el acompañamiento de los concejales tulueños.

Se solicitará a la UNP protección para todos los concejales y también para funcionarios de la Administración municipal objeto de amenazas. “Vamos a mandar una carta a la dirección de la UNP, pues los concejales han venido solicitando esta protección desde el mes de enero y se les otorgó a unas personas de manera transitoria, mientras otros están hoy sin protección. Tenemos que decir que se han hecho muchas reuniones entre la Personería, la Defensoría del Pueblo , Secretaría de Gobierno de Tuluá y Secretaría de Seguridad Departamental y aún no se han dado resultados con respecto a la protección de ellos; también vamos a insistir al Ministerio de Justicia para que el INPEC incomunique a las personas que están en las cárceles y dan este tipo de órdenes”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Frente a la situación de Tuluá, la mandataria, reconoció el acompañamiento del Gobierno nacional, no obstante, indicó que se hacen necesarias acciones con mayor contundencia.