La educación es un asunto de relaciones que encuentra su columna vertebral en la familia. La escuela es un espacio político y pedagógico que aporta a la tarea formativa de las familias. Para que el propósito formativo se pueda alcanzar se requiere de un vínculo estrecho, respetuoso y permanente entre la familia y la escuela. Sin embargo, los sucesos de la última semana solo es un reflejo de la ruptura y las tensiones, en algunos casos de manera violenta, que se vive en diferentes contextos escolares entre la familia y la escuela.
Las relaciones pedagógicas como relación social no son solamente relaciones de poder, sino que son también relaciones de confianza. Escoger una propuesta educativa no es una tarea que se pueda dejar al azar, es una elección de enormes responsabilidades, porque se está eligiendo una visión de mundo, unos valores compartidos y unos principios sobre los que se estructura el carácter y los sentidos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
La educación es un acto de confianza de las familias en la tarea de la escuela y sus agentes pedagógicos. Este proceso que corresponde a las familias, salvo algunas excepciones, no se cumple. Se escoge la institución educativa por razones como el estatus social, el costo de la matricula, la oferta bilingüe, el campus o en el sector público por la cercanía a los hogares.
Las familias quieren comprar un servicio, y creen que porque pagan les da poder desmedido sobre la escuela. Lo cierto es que difícilmente se confía en la tarea de la escuela, sobre todo en el sector público se cree que por ser pública, gratuita y democrática les da cierta autoridad de irrespetar a los maestros. Se tiene la idea que la labor pedagógica y formativa de la escuela se debe regir por los caprichos y prejuicios de las familias.
Hay una desconfianza marcada y una distancia en el vínculo que debe existir entre familia-escuela. Las familias en ocasiones ven a los maestros y a la escuela como la enemiga, lo que lleva a confrontaciones y agresiones simbólicas, físicas y psicológicas por parte de las familias hacia los maestros, maestras y directivos docentes. Son recurrentes las noticias de gran despliegue de la situación de convivencia escolar donde los afectados son los estudiantes, y lógicamente esto requiere la atención necesaria, pero se invisibiliza las afectaciones y agresiones por la intolerancia e intransigencia que sufren los agentes pedagógicos: rectores, coordinadores, maestros y maestras por parte de las familias.
Lo acontecido en el Colegio Alemán de Medellín, donde un grupo de padres de familia escribe una carta solicitando que sean expulsadas las hijas del alcalde Daniel Quintero, es una expresión clara de esa idea de pensar que las familias pueden determinar las acciones en la Institución. Así como este grupo de padres son numerosos los que hay en todos los colegios en el territorio nacional, quienes piensan que este vínculo familia-escuela no es una estrategia para la formación integral de sus hijos e hijas, sino un derecho que les permite obligar e imponer su voluntad, grosera y caprichosa, excluyente y segregacionista a los colegios.
Es claro que el Colegio Alemán tomó una postura contundente, pero no se evidencian mecanismos por parte del Estado, de la sociedad y de las asociaciones de colegios o sindicatos de educadores para proteger a la escuela y a los maestros y maestras de este tipo de familias agresivas que violentan y transgreden la dignidad humana y la acción pedagógica.
Otra situación que evidencia esta realidad fue la acontecida en el barrio Ciudad Bolívar en Bogotá, cuando un grupo de estudiantes cometen una falta, agreden con piedras una casa, y la policía remite estos jóvenes al Colegio, pero cuando se llama a las familias, estas llegan reaccionando de forma agresiva contra el colegio y los agentes de policía. No hay respeto por la institucionalidad y la autoridad.
Esto refleja además que, no solo han convertido la acción pedagógica en procesos jurídicos, sino que se le ha querido responsabilizar y culpar a la escuela de las tareas pendientes que el Estado, la familia y la sociedad no han realizado. Este tipo de agresiones son recurrentes. Al igual que es frecuente encontrar padres y madres alcahuetas que llegan a las escuelas lanzando improperios contra la integridad moral y la dignidad de los maestros y maestras, justificando las acciones de los hijos e hijas y así tratar de esconder la responsabilidad que tienen en este proceso educativo.
Los maestros creemos en la posibilidad del diálogo para acompañar los procesos de convivencia, pero se dificulta la praxis pedagógica en una sociedad que coloca su mirada inquisidora en la escuela como culpable de todo lo que sucede en la sociedad, pero no le brindan el acompañamiento, respaldo y no se le da la importancia social que tiene. Es imposible hacer una tarea pedagógica cuando no hay confianza y respeto en la escuela.
Es doloroso, como directivo-docente escuchar a su equipo de maestros y maestras, expresar la tristeza que se siente al recibir los insultos por parte de las familias, hoy los maestros nos sentimos solos y desprotegidos, situación que por momentos desanima y llena de desesperanza. Si no se recupera la confianza en los procesos pedagógicos y en la noble tarea de los maestros y maestras el futuro del país es incierto, puesto que la intolerancia será el agente pedagógico, es decir que, si no hay familias que eduquen no hay escuela que sirva.
Hay que rescatar y proteger la escuela como espacio de transformación social, por tal motivo se hace necesario que el vínculo Familia-escuela se consolide trascendiendo los marcos legales, donde se comprometa de manera real y efectiva a las familias en los procesos pedagógicos y se estructuren mecanismos para proteger a los maestros en su praxis pedagógica.
