La democracia tiene su fundamento en la soberanía popular, por eso el ejercicio electoral constituye un elemento importante de participación de la ciudadanía. Los gobernantes son ciudadanos que representan la voluntad popular, son quienes dirigen, administran y orientan los destinos de la nación conforme a los horizontes, valores y principios que la comunidad política ha determinado. Gobernar es obedecer a la comunidad, o como dicen las comunidades de Chiapas es la comunidad la comandante suprema, por lo que todo líder político no es más que el subcomandante que gobierna obedeciendo lo que la comunidad soberana le ha indicado.
Debe existir una comunicación directa entre representantes y representados, desconocer este vínculo es el mayor acto de corrupción, porque es una desfiguración absoluta de los principios donde se fundamenta la democracia. De aquí se desprende todas las formas como la corrupción se manifiesta, que en esta perspectiva toma la forma de totalitarismo y dictadura, que lo primero que hacen es restringir las libertades y la participación de la ciudadanía a través de la censura, la anulación de la oposición y la eliminación del opositor, la violencia y el miedo como estrategia de manipulación.
Las dictaduras se fortalecen en el aparato policial y militar que se torna represivo, dominante y controlador. No existe ninguna garantía a la vida, a la participación y al ejercicio de derechos en los sistemas dictatoriales. El poder se concentra en una sola persona, el soberano no es el pueblo y la voluntad popular queda restringida a la voluntad mezquina del dictador.
En los últimos años Colombia se ha rasgado las vestiduras denunciando formas de dictadura en países vecinos, pero desconociendo que existen actos y prácticas que ponen en riesgo su ejercicio e historia democrática. Es evidente que el debilitamiento de la institucionalidad democrática es un legado del uribismo, lo que ha hecho perder confianza de la ciudadanía en las Instituciones democráticas del país.
Todos los entes que deberían hacer contrapeso a las decisiones del gobernante están coaptados por los partidos de gobierno, generando serias dudas en las decisiones de este, y en las instituciones que deben garantizar el ejercicio democrático como es la Fiscalía, la procuraduría y la registraduría, entre otras. En este mismo sentido, es necesario señalar que algunas acciones de las Fuerzas armadas, la policía deja muchas dudas.
Hoy sigue vivo el fantasma de los falsos positivos, y antes de explicar claramente las cosas, ofrecen afirmaciones que dejan mayor preocupación como las dadas por el General Zapateiro cuando afirmó que: “no es la primera vez que mujeres en embarazo y niños mueren en medio de operativos”. y el Ministro de Defensa que tiene una responsabilidad ética, política en esta cartera, no encuentra otra manera de justificar lo injustificable que tratando a los niños y niñas de “máquinas de Guerra”.
Sumado a esto, la intromisión del General Zapateiro en el debate electoral no ayuda a la consolidación de la democracia. Una cosa es hacer respetar el Ejército y en su papel de General es un deber, pero esto no se debe tomar como pretexto para transgredir los principios democráticos. Incluso en coherencia, el General Zapateiro también debe hacer el llamado a los partidos políticos que tienen un discurso de defensa de los policías y militares, pero lo único que hacen es instrumentalizarlos con fines políticos y bélicos.
Sé muy bien que muchas personas defienden a las fuerzas militares, y en un afán apologético terminan justificando graves crímenes y violaciones sistemáticas a la población y a los Derechos Humanos. Reconozco que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública tienen una tarea difícil y están expuestos siempre a las acciones criminales, incluso, tal vez, hasta de actos de corrupción que ponen en peligro la vida de los soldados y policías. Nadie niega el riesgo de ser militar o policía y sabemos que su profesión implica valor y reconocimiento, pero esto no puede llevar a ocultar acciones que no son siempre simples errores estratégicos, fruto de algunas manzanas podridas, o que los militares no sepan entender órdenes, sino que son acciones que vulneran los Derechos Humanos.
Por eso creo que nadie debe tomar las muertes de ninguna persona sea combatiente o no, civil o militar, con fines políticos. La vida en Colombia ha dejado de ser un Derecho y se ha convertido en un privilegio de unos pocos. Este es un signo del debilitamiento de la democracia, porque esta debe generar vida, pero en Colombia el abandono y desconocimiento democrático nos ha dejado una cultura política de muerte. Estamos llamados a superar este escenario de violencia política, el discurso del odio que fragmenta los vínculos sociales debe desaparecer.
Para superar esta situación considero pertinente las palabras del Filósofo Reyes Mate: “no podemos pensar en la política con exclusiones; no podemos aceptar una lógica política que produzca víctimas, en una palabra, que no podemos hacer política con violencia, cualquiera que esta sea”. Las prácticas políticas basadas en la descalificación del oponente en su dignidad deben dar paso a la exposición de ideas, propuestas con altura política y social. Pensemos un país donde vivir sea posible, con el desarrollo de las capacidades humanas, alejando toda mezquindad.
Apostemos a una política de reconciliación, de reconocernos en la humanidad que siempre es vulnerable y frágil, por eso necesita de la unión comunitarias. Si miramos las etiquetas que roturan lo humano, siempre habrá división, pero si miramos la humanidad encontraremos caminos democráticos que nos llevan a la paz, si no somos capaces de asumir este desafío la profecía de Gonzalo Arango, se hará realidad.
“¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas”.
