La representante a la Cámara, Katerin Miranda, confirmó que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por el contrato de 10 mil millones de pesos con el que el Gobierno nacional busca financiar la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro ante autoridades extranjeras, en el contexto de su inclusión en la denominada Lista Clinton. Según la congresista, el uso de recursos públicos para este fin resulta inaceptable.
“Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa”, afirmó Miranda al referirse al alcance del contrato. De acuerdo con la información conocida, la indagación pretende establecer posibles irregularidades en la planeación y contratación del acuerdo suscrito el 9 de enero de 2026 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la firma Amadeus Consultancy Limited.
El contrato, identificado preliminarmente como el número 001 de 2026, tiene como objeto la prestación de servicios de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, con ejecución hasta el 30 de abril de 2026. Entre los cuestionamientos figuran un posible detrimento patrimonial, presuntas violaciones a la contratación pública, falta de justificación técnica, ausencia de resultados verificables y no exigencia de garantías de cumplimiento. La indagación previa tendrá una duración de seis meses, conforme a la Ley 2094 de 2021.
