Ante los reiterados llamados para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados de la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc, Luz María Múnera, reforzar las medidas de vigilancia y control sobre los planes de acción de la entidad. El objetivo es evitar riesgos para la vida e integridad física de los pacientes y asegurar el adecuado manejo de los recursos públicos.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió conocer el plan de trabajo orientado al cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. Asimismo, solicitó información detallada sobre la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios y tecnologías en salud, así como la estabilización en la radicación, procesamiento y contabilización de las cuentas médicas.
El Ministerio Público también requirió soportes sobre el giro de recursos, los procesos de auditoría de cuentas médicas y la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica. Finalmente, el organismo de control exigió que este informe sea remitido dentro de los cinco días hábiles siguientes, en defensa de los derechos fundamentales de más de 11 millones de afiliados a la Nueva EPS.
