La Procuraduría General de la Nación realizó una visita administrativa a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para revisar los procesos relacionados con la provisión de más de 6.000 cargos creados mediante el Decreto 020 del 15 de enero de 2026, así como varios procedimientos de contratación que actualmente adelanta la entidad.
Durante el encuentro con las directivas de la UNP, el organismo de control solicitó información sobre las modalidades de selección, los requisitos establecidos, los pliegos de condiciones y otros aspectos de los procesos contractuales en marcha. Entre ellos sobresale un contrato superior a los 78.000 millones de pesos destinado a la prestación del servicio de escoltas para personas beneficiarias del Programa de Protección en las zonas 1 y 2.
La Procuraduría también expresó inquietud por la reducción de la cobertura del programa de protección. Según el análisis realizado, el proceso contractual vigente pasó de contemplar diez zonas de atención a únicamente dos, con cobertura en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.
Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó a la UNP las justificaciones técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas que respaldaron esa decisión.
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría busca identificar posibles riesgos en la contratación, garantizar la continuidad del servicio de protección, velar por el cumplimiento de los principios de la contratación estatal y promover una adecuada gestión del talento humano.
