En el marco de la política nacional contra la corrupción, el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, junto a las congresistas Clara López, María del Mar Pizarro y Catherine Juvinao, radicaron en el Congreso de la República la denominada ‘Ley Jorge Pizano’. La iniciativa busca blindar los derechos de quienes reporten presuntos actos de corrupción mediante la creación de un sistema integral de protección.
El proyecto tiene como objetivo establecer normas, procedimientos y mecanismos que garanticen la protección efectiva de los denunciantes, evitando retaliaciones que puedan afectar su seguridad física, estabilidad laboral, económica o psicológica, así como la de sus familias. Según Idárraga, esta propuesta es una herramienta clave para enfrentar “el miedo que promueven los corruptos en los territorios” y expresó su expectativa de que tenga amplio respaldo en Senado y Cámara.
La iniciativa contempla la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes y Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), coordinado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, con vigilancia de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Además, incluye medidas de emergencia como reubicación temporal y apoyo económico entre uno y tres salarios mínimos mensuales.
También establece un Fondo para la protección y reparación de denunciantes y afectados por actos de corrupción. Su aplicación está dirigida tanto a personas naturales como a servidores públicos en riesgo por denunciar irregularidades.
El proyecto cuenta con aval del Consejo Superior de Política Criminal, concepto fiscal del Ministerio de Hacienda y ha sido socializado en diversos foros ciudadanos. Se fundamenta en estándares internacionales y en experiencias exitosas de otros países.
