La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recopilar información sobre casos en los que soldados afirmaron tener relaciones sexuales consensuadas con mujeres indígenas, cuando en realidad estas habrían sido víctimas de violación.
Este llamado surge después de la confirmación de abusos sexuales a 69 niñas de comunidades en peligro de extinción, Jiw y Nukak, perpetrados por militares destacados en esas zonas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene más de 500 denuncias registradas. La Procuraduría busca individualizar a los soldados, abrir investigaciones y examinar un posible patrón victimizante, la violencia secundaria sufrida por las mujeres indígenas, las presiones a los denunciantes y la identificación de responsables.
Estas acciones forman parte de las observaciones de la Procuraduría ante la JEP, basadas en declaraciones de exintegrantes de la Fuerza Pública que violaron a una mujer indígena y la intimidaron para que no denunciara.
La procuradora delegada Uldi Teresa Jiménez López destaca la alta probabilidad de eventos similares desfigurados como relaciones sexuales consentidas en investigaciones disciplinarias internas. Además, subraya que estos actos deben ser considerados en el contexto del conflicto armado, no como eventos aislados.
