La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional, instando al Ministerio de Justicia a emprender una lucha decidida contra las organizaciones criminales operando desde las cárceles, aprovechando la emergencia carcelaria.
En un consejo extraordinario de seguridad en Tuluá, tras recientes hechos violentos atribuidos a la banda delincuencial ‘La Inmaculada’, la mandataria expresó la necesidad de utilizar la emergencia carcelaria para desarticular la delincuencia que planifica ataques desde el interior de las cárceles. Destacó que los líderes de estas organizaciones que amenazan la ciudad están recluidos en estas instituciones.
El alcalde Gustavo Vélez respaldó la petición de la gobernadora y solicitó al Gobierno nacional tomar medidas con respecto a la situación en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para evitar que quienes afectan la vida diaria del municipio continúen comunicándose y dando órdenes desde la cárcel.
Ante los ataques en Tuluá, la gobernadora ordenó la militarización de la ciudad, movilizando una compañía del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas. Se decretó toque de queda hasta el 12 de febrero, mientras se intensifican operaciones de inteligencia. Además, se ofreció una recompensa de $200 millones para incentivar a la ciudadanía a denunciar y colaborar en la identificación de los responsables de la violencia que afecta al municipio.
