La reciente decisión adoptada por la Corte Constitucional de Colombia, según la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación ha causado revuelo Y es importante reflexionar sobre las implicaciones que esto significa.
De acuerdo a la sentencia C-055 de 2022, esto quiere decir que no será considerado un delito la práctica abortiva cuando esta se realice antes de las 24 semanas de gestación y cuando además se pueda aplicar en alguno de los siguientes supuestos, vigentes en la sentencia C-355 de 2006: cuando la gravidez implique riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada, no sea viable, o sea resultado de una violación.
Colombia se suma a países latinoamericanos como Argentina y México, en los que ya existe una legalización del aborto en las primeras semanas de embarazo. En el caso de Argentina, en las primeras 14 semanas, en el caso de México, solo en seis estados del país, se permite legalmente hasta las 12 semanas.
El movimiento Causa Justa, integrado por más de 200 organizaciones y grupos de activistas, ha sido uno de los que mayor empeño ha inyectado para promover esta decisión histórica. Sin embargo, tal como reza el documento que recoge estos datos de Women´s Rights Division, de Human´s Right Watch, la tarea no ha sido aún completada. Causa Justa busca la despenalización del aborto en todos los casos.
Otros datos interesantes que revela este informe es que la Fiscalía General de Colombia ha hecho investigaciones para determinar al menos parcialmente quiénes son las afectadas, y se encontró que 34% de las mujeres que han sido investigadas penalmente por el delito del aborto, entre 1998 y 2019, se desempeñaban como trabajadoras del hogar.
Asimismo, según investigaciones del Instituto Guttmacher, organización que promueve los derechos reproductivos de las mujeres, para el año 2013, 33% de las mujeres en Colombia que tuvieron que someterse a abortos clandestinos sufrieron complicaciones que ameritaron atención médica, así como también ese porcentaje subió a 53 cuando se trató de mujeres de bajos recursos en zonas rurales.
Puede ser bienvenida como una gran noticia la despenalización del aborto, pero esos datos nos desnudan otra realidad para la cual aún no hay sentencia: son las mujeres de escasos recursos, con menos oportunidades educativas, laborales y profesionales las que “pagan el pato”, como diríamos en venezolano claro y raspado. De ser mujer y pobre, no te salva ninguna sentencia de ninguna corte penal ni constitucional del mundo.
Tal como lo detalla el informe de WRD, la penalización del aborto no elimina su práctica, la legalización tampoco garantizará que la interrupción del embarazo no deseado sea en condiciones adecuadas.
Ciertamente se hace aún más urgente propiciar la educación sexual entre las niñas y las adolescentes, pero también crear mayores oportunidades de estudio y salidas profesionales para las mujeres latinoamericanas más desfavorecidas. Asimismo, es perentorio que estas sentencias no se queden en el papel, y que realmente se pueda garantizar una atención sanitaria efectiva en caso de que una mujer deba recurrir al aborto legal.
Nadie es quien para juzgar el porqué de estas decisiones. Pero si se crean oportunidades de crecimiento, de estudio y de empoderamiento para las mujeres más desfavorecidas de nuestro continente, otras historias empezarán a contarse.
