El presidente Gustavo Petro aceptó el uso de recursos públicos para pagar abogados personales que lo representarán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “lista Clinton”. El mandatario defendió el contrato, por un valor de 10.000 millones de pesos, argumentando que corresponde a las consecuencias derivadas de gestiones realizadas por sectores de la oposición en Estados Unidos.
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que dichas visitas a Washington y Miami buscaron escenarios de intervención y sanciones contra el país. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición (…) querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el jefe de Estado.
El contrato fue firmado a inicios de enero y tiene como objetivo prestar servicios especializados de defensa jurídica internacional, enfocados en el análisis del régimen de sanciones financieras aplicado por autoridades extranjeras. Esto ocurrió después de una llamada entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes se reunirán el próximo 3 de febrero.
Tras las críticas generadas, la Procuraduría General abrió una indagación al DAPRE para establecer las razones del contrato y verificar si existen irregularidades, solicitando copias y estudios previos.
