El Gobierno del Cambio ha aclarado su postura respecto a la suspensión provisional de un artículo del Decreto 1082 de 2015 que permitía la contratación con organismos solidarios. Aunque esta decisión del Consejo de Estado generó incertidumbre, el Gobierno ha explicado que existen otras normas vigentes que respaldan legalmente la continuidad de este proceso.
El recurso de súplica presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Consejo de Contratación Estatal (CCE) ante la Sección Tercera del Consejo de Estado busca revertir la suspensión provisional del artículo 2.2.15.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Argumentan que la suspensión no afecta las disposiciones legales que respaldan la celebración de convenios solidarios a nivel nacional, basadas en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, que contiene todos los requisitos para su aplicación directa.
La referencia a la Ley 2166 de 2021, que reglamenta la política pública de los organismos de acción comunal, respalda jurídicamente la celebración de convenios solidarios a nivel nacional. Se destaca que estas entidades estatales están legalmente autorizadas para celebrar dichos convenios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la mencionada ley.
El comunicado también aclara que la suspensión del artículo del Decreto 1082 de 2015 no afecta la vigencia del Documento Tipo para la Contratación Directa de Convenios Solidarios. Este documento, adoptado por Colombia Compra Eficiente, se basa en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y debe ser acatado por todas las entidades estatales.
Las entidades que celebren convenios solidarios deben justificar su decisión en documentos precontractuales, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Pública. Esta medida busca garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación.
En resumen, el Gobierno del Cambio ha proporcionado aclaraciones importantes sobre la continuidad de los convenios solidarios, asegurando que se cumplirán los requisitos legales y garantizando la transparencia en los procesos de contratación con organismos solidarios.
