El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella pidió esclarecer con celeridad una investigación preliminar de la Fiscalía General de la Nación relacionada con una presunta filtración de información reservada desde la Defensoría del Pueblo en Ocaña, Norte de Santander, que habría llegado a manos del ELN.
El caso, revelado por Noticias RCN, está relacionado con datos confidenciales de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas bajo protección estatal. Las autoridades deberán determinar si existió una entrega irregular de información y quiénes serían los responsables.
La investigación involucra al entonces defensor regional Ever Jesús Pallares Baene. Uno de los hechos que deberán ser analizados ocurrió el 12 de febrero de 2025, cuando un defensor de derechos humanos recibió una amenaza que contenía detalles sobre sus actividades. Según la denuncia, esos datos solo estarían disponibles para la Defensoría y el Ejército.
El caso también ha generado cuestionamientos por los vínculos familiares atribuidos a Pallares con Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, señalada como integrante del ELN. Sin embargo, el parentesco, por sí solo, no constituye evidencia de participación en actividades ilícitas.
La Defensoría confirmó la salida de Pallares y posteriormente la renuncia de Pepe Ruiz Paredes, defensor regional de Norte de Santander.
El Gobierno sostuvo que la Fiscalía debe establecer si la información llegó al ELN, si fue utilizada para intimidar a ciudadanos y, de comprobarse delitos, identificar a todos los responsables, respetando el debido proceso.
