La Superintendencia Nacional de Salud remitió a la Procuraduría General de la Nación un informe en el que advierte posibles irregularidades en la prórroga de la intervención administrativa de la Nueva EPS, así como cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos por parte del agente interventor designado.
En el documento se señala que durante el proceso se habrían omitido controles internos y que existen dudas frente a la idoneidad de Jorge Iván Ospina para asumir el cargo, al no acreditar la experiencia suficiente. También se cuestiona el procedimiento liderado por la superintendente ad hoc, Luz María Múnera, especialmente por no cumplir los plazos establecidos para la extensión de la medida.
Según la normativa, al vencerse el término sin respuesta del Ministerio de Salud, debía convocarse a la asamblea de accionistas para definir nuevos directivos, lo cual no ocurrió. En cambio, se habría adelantado la evaluación de hojas de vida que derivó en la designación del interventor.
La Nueva EPS, intervenida desde 2024, sigue sin claridad sobre su futuro. La falta de estados financieros actualizados y las alertas de organismos de control aumentan la incertidumbre sobre la situación de la entidad y el impacto en sus millones de afiliados.
