La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Olga Maritza Montaño Hurtado, auxiliar administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Zarzal, Valle del Cauca, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato superior a los 1.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago, la funcionaria habría participado en la firma de un negocio jurídico durante 2025 entre el ICBF y una entidad en la que también ejercía como representante legal de una persona jurídica. El ente de control señaló que esta actuación podría constituir una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para los servidores públicos.
Según el organismo disciplinario, Montaño Hurtado presuntamente omitió su condición de funcionaria pública al momento de suscribir el contrato, situación que habría comprometido el principio de moralidad administrativa dentro del proceso contractual.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima. El proceso continuará con el análisis de las pruebas y el desarrollo de las etapas correspondientes para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
