El defensor brasileño Dani Alves ha sido concedido la oportunidad de acceder a la libertad provisional, bajo la condición de abonar una fianza de un millón de euros. Desde el 20 de enero de 2023, Alves se encuentra recluido en el centro penitenciario Brians 2, a raíz de ser hallado culpable de un delito de abuso sexual perpetrado en la discoteca Sutton de Barcelona, sanción que preliminarmente le impuso una pena de cuatro años y medio de prisión. No obstante, el proceso aún se encuentra en una fase de apelaciones presentadas por todas las partes involucradas.

El miércoles, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona dictaminó, pese al desacuerdo de uno de los tres jueces, que Alves podría ser liberado una vez depositada la fianza estipulada. Adicionalmente, se le requiere la entrega de sus dos pasaportes (español y brasileño), se le prohíbe salir del territorio nacional, y debe presentarse cada semana ante el juzgado. Igualmente, se le ha impuesto una orden de restricción que le impide aproximarse a menos de mil metros del domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por la víctima, así como de establecer cualquier forma de comunicación con ella.

Desde que la corte anunció su decisión, allegados al jugador han estado trabajando intensamente para reunir la suma requerida, enfrentando notables dificultades. Alves, quien enfrenta otro procedimiento legal en Brasil, ha visto sus activos y cuentas bancarias congeladas, situación que le ha llevado a declarar incluso saldos bancarios negativos.

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La estrategia más prometedora para conseguir el monto necesario parecía ser la intervención del padre de Neymar Jr., quien previamente había apoyado a Alves financiando la compensación económica a la víctima, acción que contribuyó a la reducción de su condena. No obstante, el jueves se produjo un giro inesperado cuando el progenitor del astro del fútbol brasileño declaró que, para su familia, «el asunto se acabó», cerrando así esta potencial vía de solución.